El pasado 12 de junio, en el marco de la reunión de afiliados de la ACHC capítulo Antioquia, el gremio presentó al Superintendente Nacional de Salud, Ulahí Beltrán, la preocupación del sector prestador sobre el plan de ejecución de la medida de intervención forzosa por parte del ente de control a la EPS Savia Salud, el futuro del pago de los servicios de salud que ya se prestaron a los afiliados a más de 1 millón 600 mil afiliados que tiene actualmente esta entidad y el relacionamiento con esta EPS para continuar brindando los servicios a los usuarios.

El Director de la ACHC, Juan Carlos Giraldo Valencia, presentó algunas cifras de los antecedentes de Savia Salud EPS, el comportamiento de la deuda de esta EPS con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, -en el informe más reciente de la ACHC, asciende a $438.183 millones de pesos-; el nivel de cumplimiento de los indicadores de permanencia, el comportamiento de giro directo y las tasas de tutelas y PQR que tiene esta aseguradora. 

El Director de la ACHC pidió a la Supersalud proteger a los usuarios y a los prestadores, además, indicó que se deben revisarse las capitalizaciones, y figuras como el levantamiento del velo corporativo de las EPS para garantizar el pago de las deudas a los prestadores. 

El Superintendente de Salud, Ulahí Beltrán, señaló que la intervención de la EPS es una oportunidad para evitar la liquidación e indicó que se requiere trabajo articulado entre los prestadores y la EPS para que la entidad salga adelante, haya un buen uso de los recursos y se pueda garantizar la continuidad de la atención a los afiliados a esta EPS en los 124 municipios de Antioquía. 

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó el pasado 16 de junio la intervención forzosa administrativa de la EPS Savia Salud, según el ente de control, tras evidenciar graves y reiteradas fallas en la atención de sus más de 1.6 millones de usuarios y en el manejo de los recursos públicos del sistema de salud y después de  haber estado bajo medida de vigilancia especial  en los últimos años y no cumplió con la totalidad de las órdenes establecidas para mejorar el desempeño de sus indicadores financieros, técnico científicos, administrativos y jurídicos.